El presidente mete las manos en la olla: Petro interviene en la campaña y nadie lo detiene

En los últimos meses, el jefe de Estado ha atacado candidatos por redes sociales, sembrado dudas sobre el sistema electoral sin evidencias, y operado los medios públicos como plataforma de campaña. La ley lo prohíbe. Las instituciones no lo han frenado.

Era la mañana del 13 de marzo de 2026 y la campaña presidencial acababa de reconfigurarse: Juan Manuel Galán, líder del Nuevo Liberalismo e hijo del mártir Luis Carlos Galán, anunciaba su apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. Minutos después, el presidente de la República tomó su teléfono y publicó en X lo que ningún jefe de Estado debería publicar a 77 días de una elección presidencial:

«Con permiso de la historia, pero ¿y dónde quedó la reforma agraria que el padre defendía?, y ¿dónde los derechos de la campesina o de la madre obrera? La bandera roja no sirve solo para pasarelas.»

No era la primera vez ni sería la última. En semanas previas, Petro había llamado a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo «vampiros sedientos de retornar al poder», advertido sobre un supuesto «trato de fraude» entre un candidato y la empresa escrutadora —sin aportar prueba alguna—, y cuestionado públicamente al registrador Hernán Penagos en plena jornada electoral. Todo esto desde la cuenta oficial del presidente de la República, no desde la de un militante cualquiera.

La pregunta que recorre los círculos jurídicos y políticos del país es simple y sin respuesta satisfactoria: ¿quién frena a Petro?

Lo que dice la ley —y lo que Petro hace

La Constitución Política y la Ley 996 de 2005 —la llamada Ley de Garantías— son inequívocas. Prohíben estrictamente que el presidente y los funcionarios públicos utilicen su cargo para influir en la contienda electoral, favorecer o atacar candidatos, y difundir propaganda política. La Procuraduría General, en su directiva 013 del 28 de agosto de 2025, reiteró la lista de prohibiciones: usar el cargo para actividades partidistas, utilizar recursos del Estado para proselitismo, e intervenir «en controversias de tipo político, a través de cualquier medio».

Frente a los señalamientos, el presidente ha invocado a Aristóteles. En respuesta a quienes le pidieron moderarse, escribió en X el 13 de marzo: «lo que diferencia al ser humano del animal es la Política, con P mayúscula». Para Petro, hablar de los candidatos es «discutir los asuntos del común». Para la ley colombiana, es participar indebidamente en una contienda que él, como presidente en ejercicio, tiene vedada.

Un rosario de intervenciones documentadas

El registro es sistemático. Desde finales de 2025, Petro ha escalado su activismo electoral en múltiples frentes:

Las acusaciones de fraude sin evidencia. Desde febrero de 2026, el mandatario comenzó a sembrar dudas sobre la empresa escrutadora Thomas Greg & Sons, a la que vinculó con irregularidades sin presentar soporte judicial. El 12 de marzo, ya con los resultados legislativos en la mano —resultados que, paradójicamente, convirtieron al Pacto Histórico en la primera fuerza del Senado con 25 curules—, escribió que «ya se realizó un trato entre un candidato, que busca ganar a toda costa y no le importa el medio, y los dueños de la empresa escrutadora». El registrador Penagos respondió que era «irresponsable poner en duda a jueces, notarios y registradores».

El día de elecciones. El 8 de marzo, mientras se abrían las urnas en toda Colombia, Petro arremetió públicamente contra la Registraduría en el acto de apertura de la jornada, citando órdenes incumplidas del Consejo de Estado sobre el software electoral. Al cierre de urnas, advirtió que si había diferencias entre el preconteo y el escrutinio, «vamos a tener un anochecer algo frío». El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, respondió desde el mismo estrado: «No deslegitimemos el sistema electoral porque de ese sistema dependemos para resolver los conflictos como sociedad de manera pacífica.»

Los ataques directos a candidatos. La arremetida contra Valencia y Oviedo —a quienes llamó «vampiros» disfrazados con «pelucas y banderolas rojas»— y el cuestionamiento a Galán por el historial de su padre son apenas los episodios más visibles de un patrón continuo. Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el problema es estructural: «Los controles que tiene un presidente de la República son inanes. No hay organismo que investigue seriamente sus exabruptos.»

La reunión con la bancada. Días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, Petro se reunió con los congresistas electos del Pacto Histórico y declaró públicamente que la bancada estaba «al servicio, exclusivamente, del pueblo». Ministros del gabinete siguieron la misma línea: el titular del Interior, Armando Benedetti, celebró que «al Gobierno le fue mejor que a cualquier candidato en estas elecciones».

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RTVC: el Estado como plataforma de campaña

La intervención no se limita a las redes del presidente. Alcanza los medios públicos del Estado, cuya obligación de neutralidad es, en teoría, aún más rigurosa que la de los privados por tratarse de recursos de todos los colombianos.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, en su declaración preliminar del 10 de marzo de 2026 sobre las elecciones legislativas, fue contundente: RTVC —sistema que comprende Señal Colombia, Radio Nacional y otras emisoras— concentró su cobertura en las actividades del presidente Petro y los ministros del Gobierno, mientras la oposición tuvo «una presencia más limitada y a menudo en tono negativo». La misión concluyó que los medios estatales «rompieron su deber de neutralidad al favorecer la narrativa del Gobierno».

La candidata Paloma Valencia tomó una decisión inédita: se negó a dar declaraciones a los periodistas de RTVC, argumentando que no hace «propaganda a los medios públicos». La situación llegó a ser reportada por el propio medio estatal ante la Misión de la UE. Hollman Morris, gerente de RTVC y cercano al presidente, no respondió a las solicitudes de información de la Procuraduría al cierre de este análisis.

El 13 de marzo, la Procuraduría General tomó un paso más: solicitó formalmente información a RTVC, al Ministerio TIC y al Consejo Nacional Electoral para verificar si se respetaron los principios de pluralismo informativo. El procurador delegado Juan Carlos Villamil Navarro señaló en la audiencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que las publicaciones del presidente en redes sociales se «replican» en los medios públicos, generando «una afectación, por lo menos en grado de amenaza» al proceso electoral.

El Tribunal de Cundinamarca y el vacío de control

El magistrado Luis Manuel Lasso, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, convocó una audiencia pública para exigirle al presidente que sustentara sus afirmaciones sobre fraude electoral. La medida fue inédita. La respuesta de Petro también lo fue: «Por objeción de conciencia y por mi libertad propia no me dejo censurar de nadie.»

El único juez constitucional del presidente —la Comisión de Acusaciones de la Cámara— no ha actuado. El diseño institucional colombiano, pensado para proteger la independencia del ejecutivo, se convierte así en un escudo para la transgresión. «Lamentablemente, en el caso de los presidentes, esas reglas terminan siendo letra muerta», resume Herrera.

Con la primera vuelta presidencial fijada para el 31 de mayo de 2026, el patrón de intervención de Petro no muestra señales de moderarse. Un presidente que ataca candidatos, siembra dudas sobre el sistema electoral sin pruebas y opera los medios públicos como altavoz oficialista no está ejerciendo la «política con P mayúscula» que invoca Aristóteles. Está inclinando la cancha antes de que el partido comience. En una democracia que funciona, eso tiene consecuencias. En Colombia, por ahora, sigue teniendo impunidad.